Montero acusa sin pruebas a los médicos de ejercer «violencia obstétrica» contra la mujer en los partos

El Ministerio de Igualdad admite que no tiene datos sobre la autodenominada «violencia obstétrica» que, según denuncian, ejercen los médicos contra las mujeres. Así lo reconoce el Instituto de las Mujeres en una memoria remitida al Congreso de los Diputados durante la tramitación de la Ley del Aborto, aprobada el pasado 15 de diciembre.

En la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, el departamento de Irene Montero admite que «en el Instituto de las Mujeres se desconocen las cifras sobre la llamada violencia obstétrica» y que «la única información que consta no es información oficial, sino elaborada por el Observatorio de Violencia Obstétrica».

Ello no impide, no obstante, que Igualdad agite esa acusación contra los médicos. Podemos intentó aprovechar la reciente tramitación de la Ley del Aborto para incluir en el texto la llamada «violencia obstétrica», argumentando que los profesionales sanitarios ejercen esta «violencia» en la atención al embarazo y el parto con prácticas «que impactan sobre la salud física y psíquica de las mujeres y sobre su derecho al más alto nivel de salud» y «que están basadas en prejuicios y estereotipos machistas sobre la reproducción, la sexualidad, el embarazo y el parto». El partido morado intentaba así perseguir por ley a este colectivo acusándoles de «una forma de violencia contra las mujeres» y «una vulneración del derecho al más alto nivel de salud». Finalmente, el concepto «violencia obstétrica» no fue incluido por discrepancias con el PSOE.

«Sistema patriarcal»

Una reciente publicación del Ministerio de Igualdad, In_Mujeres, retoma  esas acusaciones. En uno de sus artículos, se sostiene que los sanitarios ejercen «malas prácticas» de manera «cotidiana» contra la mujer, acusándoles incluso de ejercer «violencia física y psicológica» en el ámbito del embarazo y el parto.

Estas «prácticas constitutivas de violencia física, verbal y/o psicológica» son «ejecutadas por el personal sanitario en la atención al embarazo, el parto y el posparto», se sostiene. Entre ellas se cita, por ejemplo, «que no se informe a la parturienta de los procedimientos que se le realizan, que no se le permita estar con un acompañante en las visitas de seguimiento del embarazo o en el parto, que se le falte al respeto y no se tenga en cuenta su opinión, que a la hora de parir le sean realizados tactos vaginales sin su permiso y por distintas personas, que le suministren fármacos y anestesia sin informarla, que haya estudiantes en el parto sin su consentimiento, que se le haga una cesárea innecesaria o que la separen del recién nacido sin motivo».

Incluso se acusa a los médicos de «responsabilizar a la madre de ser la detonante» de una situación de «violencia obstétrica»: «Se le dice que no empuja, no colabora, se queja demasiado, que por su culpa el parto no avanza y se le tiene que aplicar tal o cual maniobra… Con esta estrategia se busca atribuir a la parturienta la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido o podría haber ocurrido. Las mujeres no sólo se sienten culpables por haber sufrido violencia obstétrica, sino que muchas veces son juzgadas y culpadas por las decisiones que toman».

Lejos de ser algo esporádico, según la publicación, se trataría de «una realidad demasiado cotidiana» que «forma parte estructural de la atención sanitaria al parto». «No se trata de malas prácticas aisladas. Es fruto de un sistema patriarcal que menosprecia y vulnera los derechos de todas las mujeres y de un sistema productivista que supedita la vida, y en este caso el parto, al mercado. La obstetricia no escapa al machismo de la sociedad», se denuncia en el texto, afirmando que ello «no significa criminalizar al personal sanitario, sino constatar una realidad que sólo nombrándola podremos contribuir a erradicarla».